LA VOZ DE GALICIA.- La federación de asociaciones de limpiezas de
España (Afelin) y la asociación de empresarios del sector de la
provincia de Pontevedra han presentado sendos recursos contra el pliego
de cláusulas administrativas que rige la contratación del servicio de
gestión integral de espacios del CHUO. Entienden que resulta
discriminatorio contra las pequeñas y medianas empresas y supone una
limitación a la competencia. No descartan, incluso, abrir un
contencioso.
La presentación de ambos recursos ha sido
confirmada por el presidente de la patronal pontevedresa de limpieza,
Miguel Ángel Vila, que defiende la convocatoria de concursos por lotes
para que las cantidades económicas sean más asumibles para los
empresarios gallegos. En su opinión, un concurso por importe de 150
millones de euros sería inaccesible aunque se uniesen todas las empresas
del sector ubicadas en la provincia de Pontevedra.
El recurso presentado, igual para ambos
colectivos empresariales, tendrá que ser resuelto por la misma mesa de
contratación. El pliego de condiciones administrativas particulares, se
aduce, establece un importe demasiado elevado (150 millones de euros) y
un único operador para servicios y suministros dispares (seguridad,
limpieza, mantenimiento, suministro energético) lo que, afirman,
restringe, obstaculiza y falsea la competencia, vulnerando la ley de
contratos del sector público que está vigente en la actualidad.
Escasos candidatos
Uno de los argumentos en los que se basa el
recurso es que un contrato mixto como el que se establece en el pliego
de cláusulas no puede incluir financiación de obra como el que también
se establece, por importe de 14 millones de euros, correspondiente a
otro expediente de contratación. En opinión de los recurrentes, el
pliego favorece a un número reducidísimo de empresas, que fija entre 5 y
7 en toda España. Además, que la duración del contrato sea de 10 años
incumple la ley de contratos del sector público.
Otras cuestiones que motivan el recurso son la
integración de prestaciones de servicios y suministros que no tienen
vínculos y la falta de información sobre los costes de personal a pesar
de que se indica en el pliego que el contratista asumirá su gestión y
coste.
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