El nuevo «Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos» que presentó ayer la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, provocó de manera casi automática las reacciones de un gran número de colectivos y grupos políticos de la región. Y es que, lo que el Gobierno regional presentó como una apuesta por la austeridad y el ahorro, fue recibido por estos grupos como recortes en servicios públicos.
Así, desde el PSOE calificaban este Plan en una nota de prensa como un «ataque sin precedentes a la Educación, la Sanidad Pública y a la Economía productiva». Los socialistas aseguraron que el «recortazo» de María Dolores de Cospedal «supondrá que 15.000 trabajadores públicos se vayan a la calle, que 10.000 nuevos empleos dejen de crearse por la paralización de la obra pública y 3.000 empleos se pierdan en la atención a mayores y discapacitados». Por ello, no dudaron en llamarlo «Plan del Desempleo y de los recortes en los servicios básicos públicos».
Por su parte, IU advirtió que el ajuste «va a debilitar el estado social», y que no se pueden equilibrar las cuentas públicas por la vía «del recorte de servicios sociales».
Para finalizar, CC.OO. y UGT, respectivamente, advirtieron que el Plan destruirá empleo y dañará «gravemente» los servicios públicos. UGT añadió que no se trata de un «sacrificio» del Gobierno regional —como dijo la presidenta—, si no de un «sacrificio que el Ejectivo impone a los ciudadanos sin haberles consultado».
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