28/08/2011
Pese a algunas discrepancias, el modelo sanitario español está bien valorado tanto por profesionales como por pacientes. Aunque son muchas las voces críticas con la inclusión del copago, una de las más conocidas es la de Carlos Ponte, el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
El facultativo aporta una serie puntos para desmontar la conveniencia de que los ciudados paguen por utilizar el servicio público sanitario. Sus argumentos se centran especialmente en el copago por consulta. En su opinión, se trata de “un instrumento ciego, ya que es el paciente el que decide si ir o no al médico. Además, considera que esta medida “disminuye la demanda en función del precio”, motivo por el que cobra repercusión la clase social. Esto es, afecta a los de menos poder adquisitivo con los mismos problemas de salud.
Con este modelo, el paciente es el que se encarga de hacer un primer diagnóstico, ya que es el que decide la conveniencia o no de acudir al médico. Para referirse a este aspecto, Ponte señala “el riesgo de no identificar oportunamente un problema de salud” un problema que “se traduce en mayores costes”. En este caso se produce una situación paradójica, ya que “se puede aumentar el gasto”.
La crisis económica es la que ha puesto en tela de juicio un modelo sanitario que lleva funcionado varios años en España. La necesidad de recortar gastos ha puesto en el punto de mira de varios sectores el modelo de gestión actual. Por este motivo es necesario explicar la situación de España en el contexto actual.
No se puede hablar de gasto sin hablar de recursos. Los ingresos por impuestos en la Unión Europea de los 16 es del 40,2% del PIB, un porcentaje 8 puntos por encima de la de España, que es del 32%.
Además, el gasto sanitario en España es del 6,7% del PIB, más bajo que el de la media de los países de la OCDE es del 7,4%.
Estos datos sirven para proponer alternativas, ya que la presión fiscal en España es menor que en el resto de países de su entorno y, por lo tanto, un aumento de la carga impositiva, o al menos de la partida destinada a los servicios sanitarios, podría servir para mantener la situación actual.
De este modo se evitaría introducir el copago, una medida que aumentaría las diferencias sociales.
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