"La vida solo puede ser comprendida mirando para atrás; pero solo puede ser vivida mirando adelante". Esta frase del filósofo danés Soren Kierkegaard es muy aplicable a los problemas que genera la atención sanitaria interautonómica de los pacientes que tienen necesidad de ir al médico estando en otra comunidad autónoma. Todos los veranos llegan a los periódicos cartas al director sobre la dificultad de recibir atención sanitaria fuera de la comunidad de origen, quejas que sin duda son solo una punta del iceberg.
Como todo el mundo sabe, el Sistema Nacional de Salud es en realidad la antes llamada asistencia sanitaria de la Seguridad Social, extendida a casi (aún no toda) la población española. Antes, cuando estaba gestionada de forma centralizada a través del Insalud, la atención sanitaria de la Seguridad Social fuera del lugar de domicilio se organizaba, mal que bien, a través de la cartilla o volante de desplazado, que daba derecho a ser atendido en el punto de destino. Podría haber problemas organizativos de atención masificada pero no había problema económico alguno, pues todo el gasto sanitario salía de una misma caja central, y no importaba el lugar donde se ocasionaba, no dando lugar a cruce alguno de cuentas monetarias ni de agravios comparativos.
Las dificultades actuales surgen porque se ha mantenido sin cambios este sistema de atención a "pacientes desplazados" que han de ser atendidos localmente en su lugar de estancia temporal, sin que exista una cuenta o presupuesto específico para ello en la comunidad autónoma donde son atendidos. El sistema es el mismo de antaño pero todo ha cambiado en la organización y financiación de la sanidad pública.
Lo raro sería que funcionara sin problemas. Desde 2002, todas las comunidades autónomas tienen transferida la gestión sanitaria de la asistencia sanitaria de su población, y para ello cada una cuenta con sus propios recursos, definidos e integrados en el sistema de financiación autonómica. De promedio, cada comunidad dispone de unos 1.300 euros por ciudadano y año y es lógico, especialmente en tiempos de crisis, que las comunidades más visitadas vean con preocupación el gasto que en su presupuesto ocasionan los pacientes desplazados temporales de otras autonomías.
El Real Decreto 1207/2006, que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria, no incluye a estos pacientes en sus previsiones y se limita a decir que "esta atención estará garantizada, en todo caso, por los dispositivos asistenciales del SNS". Es decir: a cargo de la comunidad autónoma de destino temporal.
Por increíble que parezca en esta era de Internet, no existe un sistema de compensación entre comunidades. Un sistema de este tipo existe entre los Estados de la UE y en Canadá, país con un sistema sanitario también descentralizado. Su puesta en marcha serviría no solo para el caso de los desplazados temporales: facilitaría la atención en centros de referencia nacionales y también la libertad de elección de los pacientes en todo el Sistema Nacional de Salud. El problema no es técnico: si se puede hacer entre los Estados de la UE y en Canadá, ¿por qué no aquí? Es simplemente cuestión de voluntad política. No requiere reforma de la Constitución, y si se pusiera a referéndum obtendría un sí abrumador.
José M. Freire es médico, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid.
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