DESDE hace cierto tiempo venimos oyendo comentarios acerca de la imposibilidad de mantener el nivel de sanidad pública que hemos conseguido. Con el pretexto de escasez de recursos a consecuencia de la crisis, se nos intenta convencer a los ciudadanos de la necesidad de introducir recortes en su sostenibilidad. Otras voces más retrógradas todavía comienzan a hablar sin tapujos de la implantación del copago, si quieres médico, llévate unos euros, panacea que, según claman, permitiría por un lado reordenar los flujos dinerarios y disminuir la frecuencia de las consultas al tener que abrir el bolsillo; y, por otro, hacernos partícipes del costo y concienciarnos con más severidad del empleo racional de los recursos.
Probablemente estos tiempos convulsos, propiciados por el avance de la derecha, las parálisis institucionales y últimamente las movilizaciones del 15-M y afines, nos están desviando de problemas inmediatos y graves como el de las miras de un PP de revisar con sus peculiares medidas el estado de bienestar al que hemos llegado en los últimos años y uno de cuyos pilares está constituido precisamente por el servicio nacional de salud.
Es llamativo también que lo primero que surge en Cataluña, tras la vuelta al gobierno de CiU, sea el tema sanitario. Después del esfuerzo del gobierno de izquierdas de intentar controlar el universo de la salud pública a partir del mayor control de las mutuas y de la influencia de determinados profesionales de la gestión, surge la contestación trayendo a discusión la sostenibilidad del sistema, sin desaprovechar por eso la ocasión de situar como responsables del mismo a gente formada en el mundo de las mutuas o, lo que es igual, de brindarle al zorro la oportunidad de guardar las gallinas.
En el pasado mes de abril, se cumplieron 25 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad -14/1986- por la que se crea nuestro sistema nacional de salud. Esta Ley, promovida por Ernest Lluch, puso en marcha la reforma y modernización de la sanidad española, consagrando los principios de universalidad y financiación pública a través de impuestos, trascendental para asegurar el papel de pilar básico del estado de bienestar a desempeñar por el sistema sanitario dentro de la sociedad española.
Sobresale en sus fines un objetivo prioritario: sustituir la caridad por derechos, vinculando la protección sanitaria a la condición de ciudadano. Permitió que más de siete millones de españoles, de un total de 30, hasta entonces excluidos de la sanidad pública, se incorporaran al sistema nacional de salud.
Quién no recuerda los viajes a Madrid o Barcelona para ver a especialistas de renombre con tecnología de la mejor calidad o, incluso al extranjero los más afortunados, aquéllos que podían permitírselo por su desahogo económico. Actualmente tenemos centros sanitarios homologados y equipos médicos de los mejores y una infraestructura sanitaria muy completa, con facilidades y tecnologías en los diversos núcleos de población por pequeños que sean.
José Luis Martínez González, Doctor en Medicina. 10/8/2011 malagahoy.es
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